Ecuador: denuncian persecución judicial contra Aquiles Álvarez para proscribirlo políticamente
Abogado Joffre Campaña sostiene que en Ecuador existe un uso arbitrario de los tiempos judiciales con el fin de inhabilitar a la oposición, lo cual muestra que el sistema judicial ha dejado de ser probo e independiente.
Campaña también denunció presuntas vulneraciones al derecho a la defensa, como restricciones en la comunicación entre abogados. Foto: Radio Pichincha
24 de marzo de 2026 Hora: 23:05
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El sistema judicial de Ecuador enfrenta una profunda crisis de legitimidad marcada por la injerencia del poder político y la falta de independencia. Así lo denunció el reconocido abogado penalista y experto en derecho, Joffre Campaña, quien alertó que el proceso penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, responde a una estrategia de persecución orientada a su proscripción electoral.
En entrevista exclusiva, Campaña calificó de inaudito el manejo de los tiempos procesales en el caso denominado «Triple A». Según el jurista, la dilatación innecesaria del juicio, que incluye suspensiones de hasta dos meses tras breves jornadas de testimonios, rompe con la lógica de un proceso serio y transparente.
«Están jugando con los tiempos políticos. Mientras más dilaten el proceso y la sentencia definitiva, estarán logrando el cometido: impedir que Aquiles Álvarez pueda ser candidato«, afirmó el jurista.
Para Campaña, el panorama judicial ecuatoriano es alarmante. A excepción de la Corte Constitucional, instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia carecen de la probidad necesaria para garantizar el debido proceso.
????#Entrevistas | El abogado Joffre Campaña asegura que “en Ecuador no tenemos un sistema judicial ni probo ni independiente”.#LaRadioDeLasNoticias
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) March 24, 2026
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El experto señaló que el sistema ha permitido la entrada de dos vicios fundamentales: la política y la corrupción. «Hoy día no tenemos un sistema judicial ni probo ni independiente. Cuando el poder político permea la justicia, la situación para la sociedad es extremadamente crítica», sentenció.
Irregularidades y violación al derecho a la defensa
La defensa del Alcalde guayaquileño ha denunciado graves atropellos al debido proceso, destacando restricciones arbitrarias en la comunicación que impiden un contacto fluido entre los abogados y los procesados. A esto se suma el polémico intento de realizar audiencias en centros carcelarios, una medida que carece de garantías mínimas de seguridad y vulnera el derecho fundamental a la defensa en un entorno de imparcialidad.
Asimismo, se ha alertado sobre la ruptura de la inmediación mediante suspensiones prolongadas e innecesarias que interrumpen la continuidad del juicio. Esta dilación injustificada no solo afecta la memoria procesal de los sujetos intervinientes, sino que confirma, según los juristas, una manipulación de los tiempos judiciales para entorpecer la transparencia del caso y forzar un desenlace político.
Campaña también cuestionó las recientes declaraciones del Ejecutivo ecuatoriano, que ha sugerido que no permitirá la participación política de figuras cuestionadas judicialmente. Para el abogado, estas afirmaciones son propias de regímenes no democráticos.
«Esa postura nos dice a viva voz que el Gobierno controla el sistema judicial y decide quién participa y quién no. Eso no es democracia; es un régimen que utiliza a jueces y fiscales como herramientas de persecución», concluyó.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta un escenario judicial tras ser vinculado en febrero de 2026 al «Caso Goleada» por presunto lavado de activos. Esta causa se suma al «Caso Triple A», donde la Fiscalía lo investiga por supuesta comercialización ilegal de combustible subsidiado, un proceso que sus defensores señalan como una construcción mediática para criminalizar su gestión y su entorno familiar.
La situación se agravó con una tercera orden de prisión por el presunto incumplimiento del uso de grillete electrónico, medida que la defensa califica de arbitraria al atribuirla a fallas técnicas del dispositivo y no a un intento de fuga. El traslado de Álvarez, realizado bajo un fuerte despliegue militar, es visto como un espectáculo punitivo que busca amedrentar a las voces críticas al Gobierno de Daniel Noboa.
El encarcelamiento de Álvarez se perfila como un caso de lawfare o guerra judicial para asegurar su proscripción electoral. Al mantenerlo detenido y dilatar los tiempos procesales, el sistema judicial ecuatoriano actúa como un brazo ejecutor del Ejecutivo, bloqueando la participación de una figura clave de la oposición en los próximos comicios presidenciales y seccionales.
Autor: teleSUR: mr a- JDO
Fuente: Radio Pichincha
